Tan es así que a la Empresa Geotecnia e Ingeniería de Monterrey S.A. contratada por Femsa para realizar las excavaciones en el terreno citado (que todavía no es suyo), se le negó la suspensión provisional solicitada en el amparo promovido por ésta. El fondo del asunto también se resolverá en el mes de abril.
Resueltos los amparos en definitiva, como sí se violó la ley ambiental federal, Profepa podrá volver a clausurar y, lo más importante, deberá exigir la reparación del evidente daño causado.
Lo lamentable del asunto es que el complaciente gobierno del Estado, responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales, obligado a coordinarse con las autoridades federales para impedir la depredación del medio ambiente, haya sido el que demandó a la única autoridad que frenó el flagrante ecocidio aplicando la ley. El Gobierno Estatal amparándose contra el Gobierno Federal para que no se le aplique la ley. Así es como se quiere fomentar la cultura ecológica en N.L.
Quedó exhibida la ausencia de una política ambiental en el Estado y la falta de compromiso de sus autoridades con el desarrollo sustentable y el complimiento de la ley.
