Aprueba la Semarnat crimen ambiental y despojo patrimonial

Monterrey, N.L. 6 de agosto de 2011 

Al haber aprobado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del estadio de futbol Monterrey, la Delegación estatal de la SEMARNAT comete un crimen ambiental y un despojo patrimonial, pues a pesar de la evidente contingencia ambiental que padecemos en el Valle de Monterrey  se atrevió a otorgar el permiso para alterar de manera irremediable la Cuenca del Río La Silla y extinguir el último bosque urbano donde habitan 106 especies de fauna, 8 de ellas bajo estatus de protección y 52 especies de flora que además de embellecer, prestan servicios ambientales vitales y de incalculable valor para nuestra calidad de vida.

Aunque la Delegación recibió en tiempo y forma la recomendación de rechazar el MIA por parte de su Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, no sólo no atendió las razones técnicas expuestas en el documento, sino que a la fecha se desconocen las razones por las que esta recomendación fue ignorada. De la misma forma, fueron ignoradas las más de diez opiniones técnicas emitidas por expertos e ingresadas por ciudadanos durante el tiempo de Consulta Pública. Esta desatención sólo se explica si obedece a la intención de aprobar el proyecto por la vía de la imposición, pues de ninguna forma puede justificarse la aprobación de un proyecto que a todas luces contradice la lógica del desarrollo sustentable.

Tampoco atendió las más de 140 peticiones de reunión pública informativa, instrumento de participación ciudadana contemplado en la ley de la materia,  presentadas por ciudadanos y ciudadanas interesados en debatir, negando así el derecho de los afectados de formular públicamente preguntas a la empresa promotora del proyecto.  De esta forma, la Delegación evitó que se hicieran públicas los argumentos que hubieran bastado para cancelar el proyecto. Contra los principios que la crean, la Semarnat operó como gestora de una inversión privada, incumpliendo su deber de “fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”, como reza la primer atribución jurídica de la Semarnat.

La Delegación ampara el sentido de su dictamen aludiendo a que el polígono no forma parte de alguna área natural protegida, ni está inscrita en algún régimen de protección especial. Esta es una visión reduccionista, que limita la aplicación general de la Ley a las áreas que ya cuentan con un decreto de protección. El polígono en cuestión fue excluido arbitrariamente del decreto que creó a la ANP estatal Parque Ecológico La Pastora en el año 2009. Lo que no significa que haya dejado de formar parte del mismo ecosistema. Los cambios de estatus jurídicos no le restan valor ambiental al terreno.

Además de la ausencia de discusión ambiental, existen otras irregularidades notables cometidas durante el procedimiento.

Las coordenadas siguen mal. Para modificar una ley o un decreto se tienen que seguir las mismas formalidades que se siguieron para su emisión. Es decir, que para modificar las medidas y linderos del polígono cuya posesión no ha quedado demostrada, se debió empezar por la rectificación de coordenadas en el Registro Público de la Propiedad y el Ejecutivo debió presentar nueva solicitud al Congreso para que éste emitiera un nuevo decreto autorizándolo a concesionar el bien público. Nada de esto fue realizado.

Sigue sin acreditarse el cumplimiento de las sanciones impuestas por la PROFEPA a la empresa promovente por delitos ambientales cometidos dentro del polígono.  Esta sola razón basta para que el Estudio Técnico Justificativo, aún sin aprobar, sea rechazado. 

Semarnat estuvo obligada a revisar el cumplimiento de los términos y condiciones que impone el título de Concesión expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería del estado de Nuevo León, sin embargo, el Manifiesto de Impacto Ambiental confiesa en su contenido que tendrán que realizarse forzosamente las causales de rescisión del contrato de comodato siguientes:

“Queda estrictamente prohibido al concesionario: realizar modificaciones de cualquier tipo a la zona federal del Río La Silla; explotar o construir pozos domésticos o industriales para extracción de agua de los mantos freáticos dentro del Inmueble; (…) construir pozos de absorción para el drenaje sanitario o aguas residuales dentro del Inmueble. (…)” .

En efecto, desviar el trayecto de la cuenca y crear pozos de bombeo para la extracción de agua para evitar las inundaciones del inmueble equivale a la flagrante realización de las prohibiciones señaladas.

Por la ineptitud exhibida por la Delegada Brenda Lizbeth Sánchez Castro y su sometimiento a la instrucción ilegítima de sus superiores exigimos su renuncia. La delegada carece de las credenciales mínimas necesarias para analizar y dictaminar correctamente la viabilidad ambiental del proyecto. La única decisión que tomó fue obedecer a las presiones del Gobierno del estado de Nuevo León y del propio promovente, con la anuencia del titular de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada y del propio Felipe Calderón Hinojosa, quien prometió al equipo de los Rayados y a su directiva “destrabar” el proyecto.

La advertencia que no se atrevió a lanzar la dependencia que financiamos para proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales debe ser suplida por la ciudadanía. Por esta razón, el Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora alerta en primera instancia a los vecinos sobre el grave riesgo a la integridad personal y de su patrimonio por inundación, usurpación de sus calles como estacionamientos, caos vial, contaminación atmosférica y auditiva, pérdida de servicios ambientales tales como regulación de temperatura y captura de bióxido de carbono, daños que la misma empresa promotora reconoce sin proponer ningún tipo de solución. 

Han intentado señalar a los ciudadanos que se resisten a este proyecto de enemigos del progreso. Cuando el progreso significa bienestar. Mejoraríamos la calidad de vida de todos los habitantes del Valle de Monterrey si se regenerara el bosque en La Pastora y se construyera un espléndido estadio en otro lado. 

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@LaPastoraVive

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SEMARNAT approves environmental crime and patrimonial stripping.

Monterrey, N.L. August 6, 2011

After having approved the Environmental Impact Assessment (Manifiesto de Impacto Ambiental, “MIA”) of the Rayados Football Team stadium, the SEMARNAT state delegation commits an environmental crime and patrimonial stripping. Despite the obvious environmental emergency we face in Monterrey Valley, they dared to grant the permission to alter irrevocably River Basin “La Silla” and extinguish the last urban forest inhabited by 106 species of fauna, including 8 in protected status, and 52 species of flora that besides beautifying the landscape they provide vital environmental services that are extremely important to improve our quality of life.

Although the delegation received a documented recommendation to reject the MIA by its Advisory Council for Sustainable Development, they disregarded the technical reasons exposed on the document and didn’t explain why this recommendation was ignored. Similarly, they ignored more than ten technical opinions by experts and issued by citizens during the period of Public Consultation. This neglect can only be explained by an intention to approve the project by way of levy, because its approval clearly contradicts the logic of a sustainable development.

The delegation also ignored more than 140 petitions requesting a public meeting with them, filed by citizens interested in discussing the project, denying the right of those affected to make public inquiries to the company behind the project. With this, they avoided public arguments that could have been sufficient to cancel the project. Against the principles that they supposedly follow, SEMARNAT operated as a private investment manager, failing in its duty to "promote the protection, restoration and conservation of ecosystems, natural resources and environmental goods and services to facilitate their use and sustainable development”, as stated in the first legal attribution of SEMARNAT.

They cover their actions by referring to the polygon as not being a protected area, or enrolled in a special protection regime. This is a reductionist vision that limits the general application of the Act to areas that already have an order of protection. The polygon in question was arbitrarily excluded from the decree stated by the Environmental Protected Areas of the State (Áreas Naturalmente Protegidas Estatales, “ANP”) of the Ecological Park “La Pastora” in 2009. This does not mean that the Park is no longer part of the same ecosystem, because legal status changes do not detract environmental value to the area.

Besides the absence of environmental discussion, there are other notable irregularities committed during the procedure.

The coordinates are wrong. To modify a law or decree there must be a formal procedure followed by their issue. That is, to modify the measurements and bounds of the polygon whose possession has not been established, they must start with the correct coordinates in the Public Registry of Property and the Executive must submit new request to Congress for a new decree that would issue a concession authorizing the public good. None of this was done.

They haven’t demonstrated the fulfillment of the sanctions imposed by the company PROFEPA, promoter for environmental crimes committed within the polygon. This reason alone is enough to make the MIA, even without approval, rejected.

SEMARNAT was required to review the compliance with the terms and conditions imposed by the title of Concession issued by the Ministry of Finance and Treasury of the State of Nuevo Leon, however, the Environmental Impact Assessment admits in its contents the grounds for termination of the bailment:

"It is strictly forbidden to the dealer: to make changes of any kind to the federal zone of the River “La Silla”; to operate or build wells for domestic or industrial water extraction of groundwater within the Property; (...) to construct soak pits for drainage or waste water within the property. (...)".

In fact, diverting the course of the river and creating pumping wells for the extraction of water to prevent flooding of the property is equal to the gross performance of the prohibitions stated.

For the ineptitude displayed by the Delegate Brenda Lizbeth Sanchez Castro and her submission to the unlawful instructions from her superiors we demand her resignation. The delegate does not have the minimum credentials necessary to properly analyze and determine the environmental feasibility of the project. The only decision made was to obey the government pressures the state of Nuevo Leon, with the consent of the Representative of SEMARNAT, Rafael Elvira Quesada and Felipe Calderón Hinojosa, who promised to the team Rayados and their directive he will "unlock" the project.

Even thought the delegation do not dare to protect our environment and our natural resources from this project, the Citizen Collective in Defense of La Pastora will inform and  alert the neighbors of the serious risk to the integrity of their patrimony because of floods, encroachment on their streets by parking lots, traffic chaos, pollution, and loss of environmental services such as regulation of temperature and carbon dioxide capture; these are damages that the promoters of the project recognize, without proposing any solution.

Many have tried to point out that the citizens who defend La Pastora are enemies of progress, in spite that “progress” means well-being, and for this we need to improve the quality of life for all inhabitants of the Monterrey Valley with the regeneration of the forest in La Pastora and build a magnificent stadium for Rayados somewhere else in the city.

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