No hay novedad en las actuaciones de la Profepa acerca de los desmontes y perforaciones en la zona de La Pastora, donde se busca construir el estadio del club de fútbol Rayados de Monterrey. También no hay modificaciones de los procedimientos del gobierno de Nuevo León en el desarrollo de sus asociados proyectos urbanizadores al interior de las áreas naturales protegidas estatales.
El gobierno de Nuevo León desmonta, perfora y hace el daño, y enseguida la ciudadanía procede a denunciar. La Profepa toma nota, diluye al asunto, y al tiempo aplica una sanción económica, para dejar a la administración estatal en posibilidad de continuar con sus proyectos invasivos como si nada hubiera pasado. Esa es la historia de proyectos como el Arco Vial Sureste, algunos fraccionamientos en el Monumento Natural Cerro de la Silla, y ahora en La Pastora.
El resultado siempre es negativo, porque se conjunta una administración estatal que pervierte la gestión de las áreas naturales protegidas (ANP’s), orientando su manejo a la urbanización las mismas en sus zonas ambientales más sensibles, con un trabajo ineficaz de La Profepa en Nuevo León.
La Profepa hace un manejo político de los tiempos de atención a las denuncias ciudadanas. Ignora que la protección y restauración de los ecosistemas dañados es su principal obligación y responsabilidad. Al tiempo limita su actuación a una sanción económica.
Relativo al gobierno de Nuevo León, los antecedentes ilustran la política destructiva de los ecosistemas que sostiene esa administración. Empezó la excavación del túnel que forma parte del Arco Vial Sureste, además de la apertura de caminos en la zona, sin contar con las autorizaciones ambientales requeridas. Han pasado tres años de esa afectación ambiental en la zona núcleo del ANP Sierra Cerro de la Silla, y pesar del anuncio de sanciones por parte de la Profepa, la zona nunca fue restaurada, el daño persiste, y se ha convertido en una zona peligrosa porque delincuentes se han posesionado de esta.
A los pocos meses, gobierno desmontó kilómetros en la misma Sierra como parte de las actividades de exploración del mismo proyecto. A pesar de las denuncias de la actuación de esa administración, la Profepa hasta la fecha no ha sancionado la depredación del ANP, porque la zona afectada nunca fue restaurada ambientalmente, ni sancionados los perpetradores de los delitos.
Es el mismo caso de La Pastora, donde impunemente se han dañado terrenos propiedad de la comunidad como parte de las obras de construcción el estadio de los Rayados de Monterrey. La atención que da la Profepa a la denuncia de la afectación es concretarse a una sanción económica.
El gobierno de Nuevo León y sus asociados en la urbanización de las ANPS mantienen una postura reiterada de incumplimiento de las leyes ambientales. Son reincidentes, y la Profepa no toma nota de esas actuaciones. No sanciona de manera integral los daños ni exige que las zonas afectadas sean restauradas a su condición original. Para el gobierno estatal y sus copartícipes no hay mejor actuación que la relajada exhibida por la procuraduría ambiental.
El anuncio hecho por Patricio Patrón, procurador de la Profepa, donde avisa que la sanción de los desmontes de La Pastora esta cercana, que los daños no son graves, y que se limitarán a un castigo económico, son el reflejo de la política de esa dependencia. También dan sustento a las críticas del nombramiento de ese funcionario, porque carece de formación científica, es ajeno a los ambientes ciudadanos y oficiales de conservación ambiental, y carece del perfil requerido para un puesto con la responsabilidad que ahora ostenta.
Una vez más la vía de la Denuncia Popular queda cuestionada en su eficiencia, porque la autoridad responsable de su atención, no da indicios de una observación integral de las misma. Retomando el asunto de las denuncias por el daño a La Pastora, queda la vía de la consulta pública sobre los impactos ambientales del estadio en esa zona. Se deben aplicar todos los esfuerzos para que la celebración de ese casi inédito mecanismo de participación civil sea efectivo, e incida positivamente en la defensa de ese espacio natural, y se logre la restitución del mismo a la comunidad despojada.
Antonio Hernández.
t608138@gmail.com
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