Nuestros diputados locales, impostores de la representación, advirtieron (El Norte, Local, 17 de noviembre, 2011) que las quejas de políticos, urbanistas y activistas por la construcción (sic) del estadio de Rayados en el Parque la Pastora llegan a destiempo pues aseguraron que este tema se ventiló en el Congreso desde hace dos años y nunca se manifestaron.
Predecibles, los diputados Gutierrez y Robledo, recurren a la maña de desviar el verdadero desacuerdo que tienen con los ciudadanos que dicen representar, para intentar encubrir su actuación ilegal, inmoral y por eso antisocial. Dispersar la controversia para empañar argumentos claros es su quehacer cotidiano en el Congreso. Y eso, señores diputados no es, precisamente, ventilar un asunto.
Eso fue lo que hicieron para - desatendiendo el clamor ciudadano que hoy niegan que ocurrió – en lo oscurito, en la madrugada del día anterior a un periodo vacacional, con el voto en contra de dos dignos representantes, darle sustento legal, por la vía del decreto, al despojo patrimonial y al crimen ambiental cuyas consecuencias apenas empezamos a lamentar.
El asunto en cuestión resulta sorprendentemente claro y no tiene más complicaciones que las que surgen de la simple lectura del desplegado de marras. A la invitación a la reflexión sobre la importancia que tiene rescatar un activo ecológico y patrimonial del pueblo de nuevo león y al llamado a la sociedad regiomontana, a sus instituciones y autoridades para, juntos, revitalizar el Parque la Pastora, los supuestos representantes populares contestan descalificando, saliendo al quite, cuando ni siquiera fueron aludidos porque el desplegado está dirigido a la ciudadanía y a las autoridades de los gobiernos estatal y municipal y ellos no lo son. Los señores diputados no son autoridad porque no la tienen, no se la han ganado. Tienen, eso si, el poder que proviene de una representación formal carente de autoridad moral.
Los mismos diputados que ahora consideran que el cívico llamado es una queja tardía, al emitir su decreto, desoyeron las múltiples voces de la ciudadanía que les pedía anteponer a sus intereses particulares, el interés social. Por el contario, obsequiosos, resolvieron, sin acreditar el interés público justificativo de la concesión de un bien de dominio público para un lucrativo negocio privado.
En ninguna parte de su decreto, señores diputados, analizan con seriedad la intensidad del deterioro ambiental y social ni, menos aún, fundan en derecho su arbitraria resolución, sencillamente porque se han cuidado bien, ustedes mismos de que no exista la ley que regule la disposición de bienes públicos en el Estado.
“Esto lo hubiéramos visto al principio, ya para que…” afirmación del diputado Robledo que cree, para decirlo suavemente, que nuestra desmemoria, ausencia de compromiso social y falta de honestidad es tan grave como la suya. Pero no señor diputado, ni el conveniente olvido, ni la fatal resignación, ni el cinismo, se nos da a los ciudadanos informados. Acaso no recuerda, desmemoriado legislador, las visitas que, en varios momentos, les hicimos para invitarlos a resolver con sentido jurídico, sentido político, sentido histórico y sentido común el impopular proyecto. Si busca usted en el otro extremo de la bipolaridad y trasciende el autismo, recordará nuestras mantas, pancartas, chiflidos y abucheos cuando, obediente, levantó la mano para votar. No advertimos que eso le diera vergüenza.
En que mundo viven nuestros diputados, en que mitos están extraviados, si ignoran de un plumazo todas nuestras manifestaciones, marchas, protestas y acciones legales para resistir las consecuencias de un capricho avalado por la impostura de la representación.
Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora
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