Monterrey, N.L. a 14 de febrero de 2011
El tráfico de influencias ha sido la constante en el caso que nos ocupa. Apadrinado por el entonces gobernador José Natividad González Parás, el proyecto ha sido defendido por el aparato estatal aun cuando no contaba y hasta la fecha no cuenta con los permisos ambientales que sustenten su viabilidad. Esta complicidad se hizo patente cuando el 31 de Marzo de 2010, el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría concesionar al grupo FEMSA aproximadamente 25 hectáreas de terrenos públicos dentro de lo que conocemos como bosque La Pastora. Luego, con el actual gobernador Rodrigo Medina, el proyecto ha sido defendido sin escrúpulos, toda vez que la tormenta Álex dejara claro el mensaje de la importancia para la seguridad patrimonial y ambiental de preservar zonas de filtración y recarga de mantos acuíferos.
Por si esto fuera poco, fuimos enterados por la prensa del espaldarazo que otorgara al proyecto el Presidente Felipe Calderón quien, presuntamente, se comprometió recientemente con el Club Rayados de Monterrey a facilitar la aprobación de los permisos necesarios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para la pronta construcción de su nuevo estadio.
Lamentamos profundamente que el grupo FEMSA permanezca en su decisión de explotar y aprovechar un espacio público, actuando como una empresa advenediza, que arranca a la comunidad un patrimonio natural y que condiciona su participación en la rehabilitación del bosque La Pastora a la aprobación de su proyecto de estadio.
El Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora ha hecho manifiesta su postura de saludar la construcción de un nuevo estadio, pero ha censurado que éste se finque en terrenos públicos con vocación ecológica.
Ante el ingreso de la solicitud de permisos de FEMSA a SEMARNAT exigimos a la PROFEPA que explique públicamente las modificaciones que se hicieran a las sanciones generadas por los delitos ambientales cometidos dentro del polígono concesionado a la empresa. Nos parece grave que la Procuraduría exima a un infractor del cumplimiento cabal de las sanciones por las responsabilidades fincadas.
A la SEMARNAT le recordamos que estaremos observando la transparencia del proceso y solicitamos que se convoque a una consulta pública por el caso, pues la afectación ambiental y social que el estadio provocaría debe ser discutida ampliamente por la ciudadanía.
A FEMSA la conminamos a que recapacite y mude su proyecto de sede. Ante la situación de violencia y ante el debilitamiento del Estado de Derecho, esperaríamos que una empresa consolidada apostara por la legalidad y el respeto al espacio público. Valerse de un capital político para allanar el camino a un proyecto es darle la espalda a un México saqueado en sus recursos naturales y corrompido en sus instituciones.
El Colectivo Ciudadano seguirá en resistencia al proyecto valiéndose de su derecho a la libertad de expresión y de las leyes que protegen nuestras garantías fundamentales.
Sí al estadio, pero en otro lado.
www.sialestadioperoenotrolado.org
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