Son varias las causas por
las cuales el decreto a favor de FEMSA perdería vigencia, todas
irrealizables, menos una. Se describe en el texto de la declaratoria
que autoriza el pillaje a favor de la trasnacional que el despojo de
las 20 hectáreas para construir la nueva sede del club de fútbol
Rayados queda sin validez, si se comprueba que como parte de la
edificación se ocasiona daño ecológico a los ecosistemas o la
biodiversidad de la zona.
Tan real como
objetivamente se puede evidenciar al visitar la zona, donde se
advierte que, cortesía de FEMSA, todo el rastro de verde que existía
ahí desapareció permanentemente. Al tiempo en que se removieron los
primeros árboles en la zona se perpetro el daño ambiental. El
momento en que FEMSA requirió de la SEMARNAT la autorización de
impacto ambiental para poder construir el estadio es porque el daño
era inevitable, y verificable al tiempo vigente.
Seguramente el Congreso
de Nuevo León, siempre tan independiente y al tanto del interés de
la comunidad, no se ha enterado que la más importante de las
excepciones que le añadió al decreto expoliador se ha cumplido. El
escenario para que el decreto se abrogado y la empresa pierda la
posesión de lo que nunca debió serle otorgado esta reinante.
El Congreso debe atender
su papel de representante del interés de la comunidad. Si los
panistas, como el impresentable Alfonso Robledo, aseguran que no tuvieron opción mas que votar a favor del
despojo, a causa de su inferioridad numérica, ahora viene el tiempo
auspicioso para la restitución. Ese partido ostenta la mayoría para
la próxima legislatura, y desde ahora no puede alegar ignorancia
sobre el asunto.
La permanencia del
estadio esta por definirse. Son diversas las impugnaciones que la
obra tiene y el plazo para terminar se acorta. Queda pendiente la
definición de las consecuencias de no consultar a la comunidad para
definir acuerdo sobre la construcción del proyecto en Guadalupe.
El incumplimiento de la
condición de no afectar ambientalmente la zona de La Pastora a causa
de la construcción del estadio, impuesta por el Congreso a FEMSA, es
la última parte de la serie de faltas a las leyes mexicanas que
ese empresa ha realizado. En este caso, lo que mal inicia no puede
ser remediado. Una obra que en su comienzo ignoró las primeras
autorizaciones que el gobierno mexicano define como indispensables e
ineludibles, no puede sino continuar con su tendencia de
atropellamiento e imposición. Solamente de esa manera pueden seguir
adelante.
Toño Hernández
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